viernes, 20 de octubre de 2017

La úndecima sentencia del TS de personas jurídicas: Fraude de subvenciones (308 Cp)



La reciente STS 2528/2017, de 21-VI, ponente Excmo. Juan Saavedra Ruiz, trata una cuestión procesal relativa a las personas jurídicas en un recurso de casación por fraude de subvenciones y en la que se confirma la previa sentencia de la Audiencia de Salamanca.

Dicha cuestión se plantea de manera muy breve en el FJº 1º:
4. Se esgrimen a lo largo del recurso dos argumentos que debemos resolver también previamente. El primero se refiere a la vulneración del principio acusatorio por cuanto no se ha perseguido penalmente ex artículo 31 bis CP a la persona jurídica, hoy acusación particular, en quien concurre la cualidad de beneficiaria de las subvenciones, sosteniendo lo que podríamos denominar un impropio litisconsorcio pasivo necesario. Sin embargo ello carece de fundamento si tenemos en cuenta que la responsabilidad penal de la persona física (administrador o representante legal o persona que actúe individualmente o como integrante de un órgano de la persona jurídica) es autónoma de la del ente social; además la pretensión de haberse vulnerado el principio acusatorio por defecto tampoco es sostenible pues no existe el derecho a la condena de otro; y, por último, como señala el Ministerio Fiscal en su informe "los comportamientos de la persona física (acusado), no se realizaron en beneficio directo o indirecto de la sociedad, como exige el artículo 31 bis del CP, sino en todo caso en su perjuicio", con cita de la STS 154/2016.”.

Por tanto, y aunque no se cita, estamos hablando del art. 31 ter Cp: cabe que se enjuicie únicamente a la persona física, o solo a la jurídica, o a ambas, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Pues bien, en este caso sabemos que no se acusó a la jurídica porque la Fiscalía no apreció el elemento de que el delito se cometiese en beneficio directo o indirecto de la misma (uno de los tres elementos nucleares de la responsabilidad del art. 31 bis 1 a y b Cp).

Procesalmente hablando, es un tema trillado en la jurisprudencia del TS (aunque lo intento aplicar por aquí y te responden “que en el Prestige se hizo así”, justo al contrario que lo que establece el TS). Salvo los casos de lesiones recíprocas, A y B se golpean y se causan menoscabos entre sí, en el resto de los supuestos no puede coincidir la posición de acusador y defensa. Es decir, una Administración, por ejemplo, no puede ser acusadora y a la vez responsable civil del delito. Eso está llamado a que haya un fraude procesal, convirtiéndose la acusación particular en una defensa tapada.

Ya vimos el supuesto de manera clara en los dos procedimientos contra el CA Osasuna. El mismo estaba de acusador penal y a la vez pedía que no se le imputase como persona jurídica. Un despropósito que la Audiencia de Pamplona, por cierto, no atajó.

Dicho esto, concluyo este breve post recordando que no es la primera vez que el TS se pronuncia sobre personas jurídicas y esta particular cuestión procesal. La que en este blog se conoce como la cuarta sentencia de personas jurídicas del TS, ver enlace AQUÍ.

En cuanto a la responsabilidad del administrador de derecho por transferencia del art. 31. 1 Cp, no está de más examinar el interesante FJº 6º, con cita de la STC 253/1993):
Efectivamente, la autoría del acusado, -que según el hecho probado era propietario y consejero delegado de la sociedad subvencionada y dispuso de las ayudas públicas recibidas, con independencia del retorno a la sociedad de las cantidades dispuestas, lo que es indiferente para la consumación del delito que tiene lugar cuando se aplican a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida-, corresponde a la extensiva prevista en el artículo 31 CP.

Este artículo tiene su antecedente en el 15 bis derogado que fue introducido por la reforma de 25/06/1983, precisamente con el fin de evitar las lagunas punitivas que se daban en los delitos especiales propios relacionados con las personas jurídicas, cuando se requiere para poder imputar la autoría que concurran ciertas cualidades o condiciones personales en el sujeto activo que en algunos supuestos delictivos, como es
el caso, solo se daban en la persona jurídica, pero no en la persona física que actuaba como su representante o administrador (como también es el caso). Para cumplimentar el principio de legalidad y solventar los problemas que suscitaba alguna jurisprudencia que cubría las lagunas legales con criterios de analogía "contra reo", se dio vida al artículo 15 bis, integrado en sus aspectos sustanciales en el actual artículo 31 CP. Sin embargo, ello no significa que para ser considerado autor del delito correspondiente baste con ocupar el cargo de administrador o representante de la sociedad vinculada al hecho delictivo, sino que además es preciso que el imputado incurra en una acción u omisión, siempre que en este último caso ocupe la posición de garante y se den los restantes requisitos del artículo 11 CP que aparezca recogida en el tipo delictivo que se le atribuye. Esta doctrina ha sido corroborada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ( STC 253/1993).

Las condiciones para la aplicación del tipo de autoría por extensión de la del artículo 28 prevista en el que comentamos concurren en el caso enjuiciado. Ya hemos señalado que el acusado es propietario de la sociedad subvencionada y además consejero delegado, de la prueba practicada se deduce además que como tal disponía de los fondos de la sociedad; concretamente de las cantidades transferidas por la Administración, lo que significa que conocía su procedencia y finalidad, que no obstante ello no fueron aplicadas a los fines previstos en la resolución administrativa correspondiente y que la sociedad fue declarada en concurso necesario de acreedores por auto de 01/10/2012 como también se refleja en el hecho probado. Estos hechos son suficientes para subsumir la conducta del ahora recurrente en el tipo de autoría aplicado incluso aunque admitiésemos la comisión por omisión puesto que como propietario y consejero delegado era garante del buen fin del proyecto subvencionado. Es más si fuese cierto que las cantidades subvencionadas hubiesen retornado a la sociedad es inexplicable que no hubiesen sido invertidas en la consecución de los proyectos adjudicados

En cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica nos remitimos a lo ya señalado anteriormente cuando hemos desestimado la vulneración del principio acusatorio.”.

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miércoles, 18 de octubre de 2017

Delitos fiscales (XIV): Delito especial propio. Cabe tentativa

  

La reciente STS 3493/2017, de 3-X, ponente Excmo. José Ramón Soriano Soriano, confirma una sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona.

Se condena a un sujeto por un delito de blanqueo de capitales a la pena de 3 años de prisión y 18 millones de euros de multa, y por un delito fiscal en grado de tentativa a 9 meses menos un día de prisión y 350.000 € de multa. Asimismo, un grupo de personas jurídicas responden de manera directa y solidaria de la pena de multa.

Muy en síntesis, los hechos consisten en que el condenado, entre sus distintas empresas, va moviendo dinero de unas a otras sin que tenga ningún tipo de razón financiera lógica, entre empresas radicadas en Gibraltar, Andorra, Suiza y nuestro país. Asimismo, en 2009 prepara declaraciones de IVA del ejercicio en curso “relativas a las referidas sociedades en las que declaraba realizar unas actividades y como resultado de esas actividades y a efecto de la declaración de IVA tener derecho a obtener unas devoluciones de dinero por la Agencia Tributaria. En concreto,  Justino presentó declaraciones mensuales de IVA solicitando a la Agencia Tributaria devoluciones por una cuantía total de 474.601 € y que diferenciadas por empresas ascendió a: -Brochures Styles SL: 118.628,56 €. - Agency 2P Spain SL: 119.704,48 €. - Global Trading SL: 117.203,36 €. - Nyoro Technology SL: 119.064,60 €.  Justino no obtuvo estas devoluciones al advertir el fraude la Agencia Tributaria e iniciar un expediente de comprobación e investigación que finalmente fue remitido al Juzgado”. Me da que el grueso de las infracciones, delitos fiscales de 2006-2009 de IRPF, fueron objeto de acusación infructuosa. Estos delitos son sumamente complejos y requieren de una exclusividad de dedicación que ni la judicatura ni la fiscalía se permiten a día de hoy.

En mi opinión, esta sentencia es muy interesante por los siguientes motivos:
1) En cuanto a las personas jurídicas, estas responden por el antiguo art. 31. 2 Cp, introducido por la LO 15/2003, primer precepto que en nuestro país reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica, y encima de manera vicarial o puramente objetiva. Eso es así porque los hechos son anteriores a la entrada en vigor de la LO 5/2010.
2) En cuanto al blanqueo, al final del FJ 1º se da por bueno que se condene por dicho delito bajo aseveraciones de hechos probados genéricas de que dichas cantidades vienen de insolvencias punibles, estafas y contrabando de tabaco, que resultan no ser ni objeto de la acusación y mucho menos de la condena en este procedimiento. Prueba indiciaria exponenciada en cuanto al hecho final de que el sujeto movía cantidades ingentes de dinero entre paraísos fiscales y dichos movimientos no tenían una base documental o empresarial lógica. No está de más leer también el Fj 3º apartado 3º (f. 7 de la sentencia).
3) En el Fj 2º apartado 3º se estudia el autoblanqueo relacionado con este caso concreto.
4) En el FJ 4º se trata la cuantificación del blanqueo, que afecta a la multa, dando por válido el TS que se tomase la suma global de movimientos irracionales, descontando la cantidad del delito fiscal en tentativa.
5) En cuanto al delito fiscal como delito especial impropio, y la condena por la tentativa FJ 5º:
1.La protesta la condensa el recurrente en los siguientes términos: "La sentencia recurrida de 18 de octubre de 2016 condena a Justino por un delito contra la Hacienda Pública en grado de tentativa por la pretensión de obtención de devolución a través de cuatro sociedades de sendas cuotas de IVA completamente simuladas. Y lo hace en contra del relato de hechos que descarta la condición de contribuyente de las sociedades, pues reconoce que las mismas fueron creadas ad hoc para fingir la condición de contribuyente. Así, D.  Justino no puede ser ex art. 31 C.P . autor del delito del art. 305 C.P . qué, como delito especial propio, solo es aplicable a sujetos con obligaciones tributarias. El reverso de esa falta de condición de autor conduciría a la subsunción de los hechos por un delito de estafa en grado de tentativa que no podría ser objeto de condena por no haber sido, a su vez, objeto de acusación.

El delito fiscal por el que se le condena tiene la naturaleza de delito especial propio que solo puede cometer el obligado tributario y en nuestro caso las cuatro sociedades que solicitaron las devoluciones del IVA no eran, en realidad, contribuyentes, lo que excluiría la condena por delito contra la Hacienda Pública ex art. 31 C.P ., ya que el acusado solo pretendió simular ser contribuyente por el IVA con autoliquidaciones completamente simuladas. Como referente invoca la S.T.S. nº 163/2008 de 8 de abril.

2.El motivo no puede prosperar.
El Ministerio Fiscal argumenta que en la versión del tipo del art. 305 vigente al momento de cometer los hechos (año 2009) sancionaba la obtención indebida de devoluciones, por cantidad superior a 120.000 euros, objetivo que no pudo obtener frustrándose el propósito, lo que hace que el delito se castigue en grado de tentativa.
La naturaleza del motivo obliga a estar y pasar por los términos del hecho probado. Con ello bastaría para rechazarlo.
Sin embargo el Abogado del Estado, con gran amplitud desarrolla diversos argumentos que también conducirían a la desestimación de la protesta.
Entre éstos cabe apuntar los siguientes:
1) En los hechos probados no se descarta la condición de contribuyente de las sociedades, y prueba de ello es que fueron creadas con anterioridad al ejercicio en que se trató de cometer el fraude (2009), ya que alguna de las cuales fueron constituidas en 2003. Las citadas sociedades tienen existencia efectiva y por ende están dotadas de personalidad jurídica de conformidad al art. 35.1 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre (General Tributaria), por lo que son verdaderos obligados tributarios, desde su creación.
2) A efectos dialécticos el Código Penal reconoce la existencia de delito fiscal en casos de ausencia de verdadero contribuyente y de una actividad económica real.
Así el art. 305.2 C.P. nos habla de "personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva ......".
Igualmente el art. 305 bis, introducido por Ley Orgánica 7/2012 que recoge el tipo agravado, nos habla de "ocultar o dificultar la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito ....".

3) La obtención indebida de devoluciones como delito fiscal es compatible con el carácter de delito especial propio. Así, el autor del delito de obtención indebida de devoluciones, no tiene por qué ser necesariamente el contribuyente del impuesto, sino el titular de la devolución indebidamente obtenida, ya que el concepto de obligado tributario es de acuerdo con el art. 35 de la Ley General Tributaria más amplio que el de contribuyente, incluyendo entre los obligados tributarios "a los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos".

4) Debe ponerse igualmente de manifiesto que no puede interpretarse el término "devolver o devoluciones" en el sentido estricto de retornar indebidamente a alguien lo que previamente pagó, sino que está basado en la normativa tributaria que distingue dos tipos de devolución:
- La de ingresos indebidos ( art. 32 L.G.T .).
- Las devoluciones basadas en la normativa tributaria ( art. 31 L.G.T .).
Las primeras referidas a los obligados tributarios, a los sujetos infractores y a los sucesores de unos y otros.
Las segundas no contienen una relación específica de beneficiarios, de tal suerte que el importe a devolver puede haber sido ingresado por el sujeto pasivo o por otro, o simplemente  haber debido serlo.

5) El Abogado del Estado, con buen criterio, no comparte la cita efectuada por el recurrente de la S.T.S.
163/2008 de 8 de abril . Y ello por dos razones:
- Referirse a hechos anteriores al vigente C.P.
- Por afectar a un supuesto con características totalmente diversas a las que se refieren las presentes actuaciones.
En efecto, al abordar la relación estafa y delito fiscal, se pronuncia con el carácter de obiter dicta, en cuanto mantiene la calificación como delito contra la Hacienda Pública, ya que la "ratio decidendi" es que los hechos examinados son anteriores al vigente Código Penal y en dicho momento no se recogía expresamente la obtención de devoluciones como defraudación tributaria.
Por otra parte la S.T.S. 163/2008 se refería a un supuesto muy diferente al que ahora nos atañe, pues en aquél caso las sociedades, a cuyo nombre se solicitaban las devoluciones, no tenían actividad mercantil, algunas ni siquiera existían (eran ficticias o inexistentes) y los condenados se sirvieron de documentación falsa para obtener devoluciones a costa de los mismos. En nuestro caso las sociedades tienen existencia efectiva, antes del ejercicio de 2009.

6) Por último el Abogado del Estado, cita oportunamente la S.T.S. 423/2010 de 21 de abril, que confirma en sus argumentos la tesis que sostiene la sentencia recurrida.
Por todo ello el motivo ha de decaer.”.


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lunes, 16 de octubre de 2017

¿Vulnera el non bis in idem el derecho penal de la persona jurídica? Sentencia del TJUE


Es recomendable leer:
Sentencia de la Sala 4ª del Tribunal de Justicia de la UE de 5-IV-2017, texto AQUÍ. Son los casos acumulados de Massimo Orsi (C 217/15) y Luciano Baldetti (C 350/15) contra el estado italiano.
Conclusiones del Abogado General de la UE. Texto AQUÍ.

Estamos ante dos personas que dejan de pagar en torno a un millón de euros en concepto de IVA y son condenados penalmente. Asimismo, las personas jurídicas son sancionadas administrativamente. Es de reseñar, para quien no lo sepa, que en Italia las sanciones a personas jurídicas son administrativas y no penales como en España, porque su propia Constitución limita las penas a las personas físicas. De ahí que en Italia se las sienta juntas en el banquillo y al autor material del delito se le impone la pena y a la persona jurídica una sanción administrativa en unidad de procedimiento por el mismo órgano de enjuiciamiento. Debe recordarse también que la UE da libertad absoluta, dada la disparidad de ordenamientos jurídicos, para que las sanciones de personas jurídicas se impongan por vía administrativa (caso italiano p. ej.), o penales (España p. ej.), siendo cuestión de cada estado UE acogerse a un modelo u otro. Cada uno tiene sus ventajas o desventajas: si España hubiera optado por el modelo de sanción administrativa eso conllevaría una sanción impuesta por una Administración pública, que suelen ser firmes aunque se recurran judicialmente y, por ejemplo, con el art. 60. 1 de la Ley de Contratos del Sector Público en la mano, eso supondría la inhabilitación para contratar con el sector público, mientras que el sistema penal español tiene una parte clara con la que negociar o acreditar los hechos (la Fiscalía), así como el que no se hace firme la condena hasta la última instancia penal (que pueden ser ya, a día de hoy, tres instancias jurisdiccionales). No ha de perderse de vista que los órganos contencioso administrativos tardan muchísimo más que los penales en resolver en nuestro país.

EL TJUE hace suyas las consideraciones del Abogado General, señalando:
14      Mediante la cuestión prejudicial planteada, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 50 de la Carta y el artículo 4 del Protocolo n.o 7 del CEDH deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, que permite incoar un procedimiento penal por no haberse abonado el IVA, con posterioridad a que se haya impuesto una sanción tributaria definitiva por los mismos hechos.
15      Habida cuenta de que el órgano jurisdiccional remitente hace referencia no sólo al artículo 50 de la Carta, sino también al artículo 4 del Protocolo n.o 7 del CEDH, debe recordarse que, si bien los derechos fundamentales reconocidos por el CEDH forman parte del Derecho de la Unión como principios generales conforme al artículo 6 TUE, apartado 3 y el artículo 52, apartado 3, de la Carta exige dar a los derechos contenidos en ella que correspondan a derechos garantizados por el CEDH el mismo sentido y alcance que les confiere dicho Convenio, éste no constituye, dado que la Unión no se ha adherido a él, un instrumento jurídico integrado formalmente en el ordenamiento jurídico de la Unión (sentencias de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 44, y de 15 de febrero de 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, apartado 45 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, el examen de la cuestión planteada debe basarse únicamente en los derechos fundamentales garantizados por la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de julio de 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros, C‑543/14, EU:C:2016:605, apartado 23 y jurisprudencia citada, y de 6 de octubre de 2016, Paoletti y otros, C‑218/15, EU:C:2016:748, apartado 22).
16      En relación con el artículo 50 de la Carta, procede señalar que las sanciones tributarias y los procedimientos penales que tienen por objeto infracciones en materia de IVA y que pretenden garantizar la exacta recaudación del impuesto y evitar el fraude, como los controvertidos en el litigio principal, constituyen una aplicación de los artículos 2 y 273 de la Directiva 2006/112 y del artículo 325 TFUE y, por tanto, del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartados 24 a 27, y de 8 de septiembre de 2015, Taricco y otros, C‑105/14, EU:C:2015:555, apartados 49, 52 y 53). Por consiguiente, las disposiciones de Derecho nacional que regulen los procedimientos penales que tengan por objeto infracciones en materia de IVA, como las controvertidas en el litigio principal, pertenecen al ámbito de aplicación del artículo 50 de la Carta.
17      La aplicación del principio non bis in idem garantizado en el artículo 50 de la Carta presupone, en primer lugar, como señaló el Abogado General en el punto 32 de sus conclusiones, que sea la misma persona la que es objeto de las sanciones o de las actuaciones penales en cuestión.
18      En efecto, de la propia redacción de este artículo, según la cual «nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley», se deprende que prohíbe perseguir judicialmente o sancionar penalmente a una misma persona más de una vez por una misma infracción.
19      Esta interpretación del artículo 50 de la Carta está corroborada por las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17), que deben tenerse en cuenta para su interpretación (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 20). Por lo que atañe a dicho artículo, tales explicaciones se refieren a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al principio de non bis in idem, reconocido como principio general del Derecho de la Unión con anterioridad a la entrada en vigor de la Carta. Según esta jurisprudencia, en cualquier caso, no se incurre en una vulneración de dicho principio si no es la misma persona la que ha sido sancionada más de una vez por un mismo comportamiento ilícito (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartado 338, y de 18 de diciembre de 2008, Coop de France bétail et viande y otros/Comisión, C‑101/07 P y C‑110/07 P, EU:C:2008:741, apartado 127).
20      El Tribunal de Justicia confirmó dicha jurisprudencia con posterioridad a la entrada en vigor de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 34).
21      En el presente asunto, de la información que figura en las resoluciones de remisión, confirmada tanto por algunos de los datos que constan en los autos de los que dispone el Tribunal de Justicia como por el Gobierno italiano en la vista celebrada ante éste, resulta que las sanciones tributarias objeto del litigio principal se impusieron a dos sociedades dotadas de personalidad jurídica, S.A. COM Servizi Ambiente e Commercio y Evoluzione Maglia, mientras que los procedimientos penales objeto del litigio principal van dirigidos contra los Sres. Orsi y Baldetti, personas físicas.
22      Así pues, como señaló el Abogado General en el punto 36 de sus conclusiones, en los dos procedimientos penales objeto del litigio principal, la sanción tributaria pecuniaria y las actuaciones penales conciernen a personas distintas, a saber, en el asunto C‑217/15, S.A. COM Servizi Ambiente e Commercio, a la que se impuso una sanción tributaria, y el Sr. Orsi, contra quien se incoó un procedimiento penal, y, en el asunto C‑350/15, Evoluzione Maglia, a la que se impuso una sanción tributaria, y el Sr. Baldetti, contra quien se incoó un procedimiento penal, de forma que el requisito para que resulte aplicable el principio de non bis in idem, conforme al cual la misma persona debe ser objeto de las sanciones y de las actuaciones penales de que se trate, parece no concurrir, extremo que, no obstante, corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
23      A este respecto, el hecho de que se siga un procedimiento penal contra los Sres. Orsi y Baldetti por hechos cometidos como representantes legales de sociedades a las que se habían impuesto sanciones tributarias pecuniarias no puede desvirtuar la conclusión que figura en el apartado precedente.
24      En último lugar, en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta, en la medida en que el artículo 50 de la misma contempla un derecho correspondiente al establecido en el artículo 4 del Protocolo n.o 7 del CEDH, es preciso cerciorarse de que la interpretación del artículo 50 de la Carta en el sentido antes expuesto respete el nivel de protección garantizado por el CEDH (véase, por analogía, la sentencia de 15 de febrero de 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, apartado 77).
25      Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el hecho de infligir sanciones tanto tributarias como penales no es constitutivo de una infracción del artículo 4 del Protocolo n.o 7 del CEDH cuando las sanciones de que se trate conciernan a personas, físicas o jurídicas, que sean jurídicamente distintas (TEDH, sentencia de 20 de mayo de 2014, Pirttimäki c. Finlandia, CE:ECHR:2014:0520JUD00353211, § 51).
26      Habida cuenta de que en los procedimientos controvertidos en el litigio principal no concurre el requisito de que la misma persona sea objeto de las sanciones y de las actuaciones penales de que se trate, no procede examinar los demás requisitos de aplicación del artículo 50 de la Carta.
27      Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 50 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, que permite incoar un procedimiento penal por no haberse abonado el IVA, con posterioridad a la imposición de una sanción tributaria definitiva por los mismos hechos, cuando dicha sanción se haya impuesto a una sociedad dotada de personalidad jurídica y el procedimiento penal se haya incoado contra una persona física.

Costas
28      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del litigo principal, que permite incoar un procedimiento penal por no haberse abonado el impuesto sobre el valor añadido, con posterioridad a la imposición de una sanción tributaria definitiva por los mismos hechos, cuando dicha sanción se haya impuesto a una sociedad dotada de personalidad jurídica y el procedimiento penal se haya incoado contra una persona física.”.

En nuestro país se alimentó una gran confusión por la propia Circular 1/2016 FGE, que no dejaba claro si perseguir o no a personas jurídicas de propiedad unipersonal, como las italianas de este caso. Gracias a la falta de claridad de la Circular, en este blog hemos visto sentencias de la misma sección de la misma Audiencia decir lo contrario con dos meses de diferencia (Zaragoza), o, incluso, el mismo día (Pontevedra).

Lo cierto es que el art. 31 ter Cp es muy claro: la responsabilidad penal de la persona jurídica será exigible “siempre”.

La última sentencia del Tribunal Supremo localizada, de 19-VII-2017, ver enlace AQUÍ, mantiene la condena por blanqueo de capitales contra varias personas jurídicas unipersonales.

Por último y tal y como hace el TS, aunque no cita el precepto en su FJ 36º, se pueden modular las penas. Es muy claro el art. 31 ter 1 Cp:
1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.”.



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viernes, 13 de octubre de 2017

Condena a persona jurídica por delito medioambiental (2015)


(Imagen de La Opinión de Tenerife, que no guarda relación con el caso)
Rastreando sentencias y aplicando nuevos criterios de búsqueda, me encontré la Sentencia de la Audiencia de Cáceres 485/15, Sección 2ª, de 23-X-2015, en la que se condena por conformidad a un individuo y a una empresa por delito medioambiental (extracción de áridos sin autorización junto al río Tiétar). Dicha sentencia la estaba buscando al haber oído a Rafael Ruiz Calatrava, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en Redondela, donde coincidimos. Con una frase que recordé, acabé llegando a la sentencia y, francamente, ojalá no lo hubiera hecho.

En el escrito de acusación del Fiscal se solicitaba respecto a la persona jurídica una condena de 4 años de multa, con cuota de 15 € día (Antecedente 1º). Estos escritos se visan por un visador, usualmente un jefe o un delegado de la materia.

Señala el art. 50. 4 Cp vigente desde 2010:
4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta.”.

En el Antecedente 3º podemos leer:
Se modifican la conclusión segunda en el sentido de considerar los hechos como constitutivos de un delito contra los recursos naturales de los artículos 325.1 del Código Penal en su redacción dada por la L.O. 1/2015, aplicable retroactivamente al ser más favorable, y 327, ambos en relación con el artículo 338 del Texto Punitivo, la conclusión cuarta en el sentido de apreciar las atenuantes de reparación del daño del artículo 21.5ª del Código Penal y de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal , y la conclusión quinta en el sentido de solicitar para Braulio las penas de dos años de prisión, multa de catorce meses a razón de una cuota día de seis euros, e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionada con la extracción de áridos por tiempo de dos años, y para TRANSYCON, S.L. las penas de multa de tres años a razón de una cuota día de cinco euros y prohibición de realizar en el futuro actividades de extracción de áridos por tiempo de dos años.”.

Conformidad que el Tribunal se come sin decir palabra.

Echando cálculos, la multa finalmente acordada es de 5.400 € (3 años x 12 meses x 30 días por mes x 5 € día).

Si se hubiera aplicado lo que dice la Ley, aunque fuera lo mínimo (3 años x 12 meses x 30 días por mes x 30 € día)= 32.400 €.

Mientras me acuerdo de mi compañero Desiderio, en la redacción de la sentencia de la Audiencia Nacional a la que dio nombre, al que su jefa le corregía las comas, para acabar separando el sujeto del verbo, aquí vemos cómo un fiscal 5 años después desconoce la norma, y su visador y 3 magistrados de la Audiencia que aceptan una conformidad fuera de los márgenes legales. A eso le añadimos que se le aplica la LO 1/2015 y la atenuante de reparación del daño a la persona física pero no a la jurídica.

Y esto lo unimos a que me es imposible encontrar sentencias de personas jurídicas condenadas por delitos medioambientales, que son de esos delitos que sin una empresa detrás es casi imposible verlos cometidos, para ver que algo está fallando.

Aunque 27.000 € de diferencia mínima puedan parecer pocos en el conjunto de las cosas, tenemos que hablar de en torno a 40 alcoholemias básicas para recaudar eso mismo. Esto solo se va a arreglar y aplicar el día en que la Fiscalía cobre a comisión de lo recuperado, pues no nos damos cuenta de lo que pueden alcanzar las multas si echamos un ojo al Código penal (9 millones de euros en los delitos de multa con cuota diaria o 775 millones que ya hemos visto en una sentencia del Tribunal Supremo y su precedente de la Audiencia Nacional). Pero será que nos sobra el dinero como Estado.


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